Minimiza Sandoval Ballesteros solicitud de  zona de desastre humanitario por violencia

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Juan Blanco/API
 
Chilpancingo, Gro., Chilpancingo, Gro. – 09 de febrero de 2020 de 2020. – El delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros consideró el desplazamiento masivo de familias en el estado como un tema de emergencia, el cual, aseguró, las autoridades de los tres órdenes de gobierno ya atienden para que los afectados regresen a sus comunidades de origen.
“Se están tomando acciones. Hemos tocado el tema en las mesas de Seguridad y se están tomando acciones para atenderlos inicialmente. Esta es una cuestión de emergencia, pero también se está trabajando para el retorno seguro a sus comunidades”, dijo.
Entrevistado este domingo tras la ceremonia con motivo del 107 aniversario de la Marcha de Lealtad, realizado en la 35 Zona Militar, en esta ciudad, el funcionario insistió que el tema de habitantes desplazados de sus comunidades a causa de la violencia, es tema principal en las mesas de seguridad que preside el gobernador Héctor Astudillo Flores.
La postura del también ex diputado local se da en medio de las declaraciones que hizo el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que Guerrero es uno de los principales impulsores de migrantes hacia Estados Unidos de Norteamérica.
El miércoles pasado el secretario General de Gobierno del estado, Florencio Salazar Adame informó que tienen un registro de alrededor de mil 500 personas desplazadas de pueblos de Guerrero de 2018 a la fecha a causa de la violencia.
En otro tema, Sandoval Ballesteros informó que los tres órdenes de gobierno también están atendiendo el conflicto en comunidades del municipio de Chilapa y apoyando con programas sociales a las víctimas.
“Estamos llevando diferentes programas, no sólo los prioritarios sino otros diferentes, porque queremos que haya una suficiente tranquilidad de los pueblos y queremos que sepan que va haber tranquilidad en la región”, sostuvo.
En su más reciente visita a la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, de donde eran originarios los 10 músicos indígenas asesinados el 17 de enero pasado y que a raíz de ello niños se levantaron en armas y se unieron a las filas de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, el delegado informó que hay un acuerdo entre los coordinadores de esa organización de no seguir utilizando a los infantes como “escudos”.
En cuanto a la petición de familiares de víctimas de la violencia y de los LeBarón, quienes durante su marcha de ayer en Chilapa exigieron que el municipio sea declarado zona de desastre humanitario por la violencia, Pablo Amílcar respondió primeramente que esta solicitud es parte de un posicionamiento político y que no hay una legalidad para decretarlo como tal, y reiteró que se está atendiendo el conflicto. (Agencia Periodística de Investigación)

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