Textos y claves…

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Xaltianguis, no es asunto local

Miguel Ángel Arrieta

Los enfrentamientos entre grupos armados observados en Xaltianguis, no son el problema central por el que la Guardia Nacional, el ejército y la Marina mantienen tomado el control de la seguridad en esa comunidad; en realidad el punto crítico de ese conflicto se localiza en un contexto más amplio, derivado de la complicidad de las corporaciones locales, la pasividad de autoridades municipales y los planes de expansión de grupos delincuenciales.
Por lo pronto, lo que el comando conjunto del operativo federal en Xaltianguis debe evitar, es analizar el asunto con un enfoque local.
La presencia de armamento de alto poder, camionetas blindadas y una estrategia de control social sobre la población con fines de contrapeso logístico, ubica al grupo de Los Dumbos en una clasificación de unidad militarizada con objetivos claros de empoderamiento de un punto clave de acceso a caminos sierreños.
Quienes crean que el enfrentamiento se reduce a un pleito para administrar la seguridad en la comunidad rural con mayor dinamismo económico de Acapulco, están en el terreno equivocado.
La insistencia de la UPOEG para desplazar a Los Dumbos de Xaltianguis, solo viene a ratificar que se trata de una guerra por el control de la zona. Cuando Ángel Aguirre Rivero se desempeñaba como gobernador, celebró un encuentro con presidentes municipales de Costa Chica y La Montaña en un salón privado del Forum Mundo Imperial, en el que les advirtió a los alcaldes cuidaran su relación con la organización de policías comunitarios que dirige Bruno Plácido Valerio, ya que detrás de los propósitos que presumía públicamente el líder de la UPOEG, se apreciaban indicios de relaciones con intereses ligados al crimen.
En mayo pasado, el choque entre Los Dumbos y la UPOEG adquirió dimensiones que encendieron focos rojos en la SEDENA y la Marina, pero la tensión se controló ante la circunstancia de incertidumbre que prevalecía sobre los alcances de la nueva estrategia de seguridad del gobierno federal recién iniciado.
Cinco meses después, los enfrentamientos se reanudaron con mayor fiereza ante los huecos e indecisiones con que se opera el mecanismo nacional contra la delincuencia: después de todo, el operativo fallido en Culiacán generó la impresión del desmantelamiento del Estado como autoridad.

El problema no fue la liberación de Ovidio Guzmán, lo grave es el mensaje que esa acción representó para el crimen organizado.
El efecto de esa decisión se traduce, para los criminales, en una licencia para operar con mayor margen en el control de áreas estratégicas para el trasiego de enervantes.
A raíz de Culiacán los parámetros de seguridad nacional se modificaron radicalmente: a partir de este hecho la delincuencia confirmó lo que hasta entonces solo se tenía como una percepción: el gobierno federal antepone el cuidado de su imagen política a la necesidad de imponer la ley.
En cuanto a la presencia de las policías locales, los grupos armados no encuentran motivo que les preocupe; la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el gobierno de Adela Román y un grupo de comandantes de la policía estatal, mantienen la mirada hacia otro lado.
Hace cuatro años, en la cinta Sicario, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Benicio del Toro, un grupo combinado de agentes de la CIA y expertos en lucha anti enervantes del FBI, definen la necesidad de flexibilizar los márgenes legales contra los grupos criminales ante el hecho de que los espacios operativos para combatir delincuentes mexicanos de gran escala, han sido rebasados por la realidad, particularmente en la ruta expansionista de los cárteles que trascienden -desde hace tiempo- fronteras y gobiernos.
De hecho, en una escena dedicada a la extracción del hermano de un capo mexicano recluido en una cárcel de Ciudad Juárez, el comandante del equipo FBI-CIA advierte a sus hombres que dentro del territorio mexicano todo lo que se mueve es sospechoso, sobre todo si porta uniforme policial.
En el fondo, lo que queda bien claro es que la crisis de seguridad en Xaltianguis-Acapulco, es corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno y que no se trata de un asunto nuevo. En todo caso, es uno de los mayores problemas del sistema político PRI-PRD que gobernaron el municipio entre 2005 y 2011, cuando el Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán tenían derecho de picaporte en la oficina del alcalde.
A Félix Salgado Macedonio le reventó el problema en la balacera de la Garita, luego de que permitió que dinero del narco financiara parte de su campaña a la presidencia, pero Adela Román trata el asunto como si Xaltianguis no perteneciera al municipio que le corresponde gobernar.

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